Ser Supremo (o no Ser, esa es la cuestión)

Por qué Mr. Anderson, ¿Por qué lo hace? ¿por qué se levanta? ¿Por qué sigue luchando? ¿De verdad cree que lucha por algo además de por su propia supervivencia? ¿Querría decirme qué es, si es que acaso lo sabe? ¿Es por la libertad? ¿Por la verdad? ¿Tal vez por la paz? ¿Quizás por el amor? Ilusiones Mr. Anderson, desvaríos de la percepción, concepciones temporales de un frágil intelecto humano que trata con desesperación el justificar una existencia sin sentido ni objetivo.

domingo, 26 de agosto de 2012

¿ Y ese olorcito ?

Nieblas del Riachuelo

Por Horacio Verbitsky

Invocando la urgencia establecida por la Corte Suprema, el juez de Quilmes que supervisa la limpieza del Riachuelo ordena obras complejas en plazos perentorios. Esto justifica la contratación directa, que con regularidad beneficia a empresas vinculadas con el juez, Luis Antonio Armella. Son obras por centenares de millones de pesos. Amigos y colaboradores del juez fueron designados en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Armella clausuró empresas competidoras.

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Las máquinas de MyT en acción para relocalizar La Saladita. Mussi con el juez Armella. Una mano pesada.

El enorme poder que la Corte Suprema de Justicia delegó en el juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ha permitido que un grupo de empresas vinculadas con el propio magistrado obtengan contratos millonarios sin licitación dentro del plan integral de saneamiento ambiental, que Armella debe supervisar. El plan fue elaborado por la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar), de la que participan la Nación, la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con catorce municipios del Conurbano. Documentos de la Acumar muestran un modus operandi que se reitera: el juez intima a la Autoridad de la Cuenca bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios. Invocando estas resoluciones, la Acumar elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez que las ordena. Una reconstrucción incompleta indica que las obras ya emprendidas o a realizar por ese grupo de empresas ascienden a 250 millones de pesos. Los precios que cotizan y que la Acumar acepta hasta duplican los de mercado. Lo que se acelera con las intimaciones es la firma de los contratos, no el avance de las obras encomendadas. Hasta el registro de estos procedimientos es difícil, ya que la Acumar contrata esas obras por convenios con otras entidades, como el Organismo Bonaerense para el Desarrollo Sustentable (OPDS), la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad Del Estado (Ceamse), la Universidad Tecnológica Nacional y diversos municipios, entre los más asiduos el de Lomas de Zamora. Acaso sospechando algo, la Corte Suprema requirió hace dos semanas a la Acumar un informe detallado sobre el grado de avance alcanzado en el cumplimiento de cada uno de los objetivos obligatorios impuestos en su fallo. El presidente directivo de Acumar, Juan José Mussi, designó presidente ejecutivo al químico Oscar Deina, quien antes fue Director Bonaerense de Control Ambiental y Saneamiento Urbano, y como Secretario de Planificación Estratégica a Carlos Balor, uno de los políticos más próximos a Mussi, cuya lista de concejales en Berazategui encabezó en 2009 junto con el actual intendente, Juan Patricio Mussi, quien asumió la intendencia cuando su padre fue designado Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en diciembre de 2010. Ex alcalde de Berazategui, Mussi fue ministro de Salud durante las gobernaciones de Eduardo Duhalde y Carlos Rückauf y Secretario de Asuntos Políticos durante el interinato de Duhalde a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

A limpiar

En junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para conocer en su jurisdicción originaria el reclamo contra la Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas presentado por diecisiete personas damnificadas por la contaminación de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Pero en una decisión que sacudió todas las rutinas tribunalicias y realzó el rol de la Corte como un poder del Estado activo y con sensibilidad ambiental y social resolvió asumir la tutela del ambiente, considerado un bien de incidencia colectiva, de uso común e indivisible. La Corte citó a una serie de audiencias públicas sin precedentes, para escuchar a los vecinos denunciantes, las autoridades de todas las jurisdicciones concernidas y a organizaciones sociales y ambientalistas y solicitó informes y planes integrales de saneamiento, ya que en los 2240 km2 de la cuenca hídrica más contaminada del país y de sus degradadas zonas urbanas, el catastrófico deterioro ambiental afecta los derechos humanos fundamentales a la salud, al agua y el saneamiento, a la vivienda adecuada, a la calidad de vida y a un ambiente sano. En respuesta al activismo judicial, en noviembre de 2006 se creó por la ley 26.168 la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Ese ente de derecho público interjurisdiccional es presidido por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y lo integran otros siete miembros, representantes de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma. En 2007, la Corte reclamó de la Acumar una serie de informes precisos sobre estado del agua y el aire; traslados de población y de empresas; proyectos sobre el polo petroquímico de Dock Sud; utilización de créditos verdes; saneamiento cloacal y de basurales; limpieza de márgenes del río; expansión de la red de agua potable; desagües pluviales; estado de avance de las obras, factibilidad de sus plazos, costos y financiamiento. Un alto porcentaje de los cinco millones de habitantes que se apiñan en los catorce municipios de la cuenca viven en villas o asentamientos precarios, sin servicios básicos de saneamiento y con alta incidencia de necesidades básicas insatisfechas. El 8 de julio de 2008 la Corte ordenó medidas protectoras del interés general y encomendó a la Acumar el cumplimiento de tres objetivos simultáneos: la mejora de calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención de daños. La enormidad de la tarea a realizar luego de un siglo de de-sidia, hizo que la Corte fijara desde el comienzo términos estrictos para cada paso. Por ejemplo, adoptar en 90 días hábiles un sistema internacional de medición para controlar el avance del proceso; organizar en 30 un sistema de información pública en internet para el público; inspeccionar en otros 30 todas las empresas radicadas en la cuenca e identificar a las contaminantes y exigir que en el mismo lapso cada una de esas empresas presentara un plan de tratamiento. También fijó plazos para el saneamiento de basurales, la urbanización de villas y asentamientos precarios, el plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), la limpieza de las márgenes del río, la parquización de la ribera, la expansión de la red de agua potable en el período 2008/2015, los de-sagües pluviales, la construcción de la planta depuradora Berazategui y sus emisarios y el plan sanitario de emergencia. Estas razonables estipulaciones incluyeron la aplicación de una multa diaria al presidente de la Autoridad de Cuenca por el incumplimiento de cualquier plazo. Para organizar la participación ciudadana, también creó un cuerpo colegiado con las organizaciones no gubernamentales que intervienen en la causa, coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo, delegó el proceso de ejecución de su sentencia en el juzgado federal de primera instancia de Quilmes, que actuaría desde entonces como tribunal superior de la causa, a fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento. En el considerando 21, invistió al juez con la facultad de fijar el valor de las multas diarias e investigar los posibles delitos que deriven del incumplimiento. Armella quedó como instancia de revisión judicial de las decisiones de la Acumar, y sus resoluciones sólo podrán ser apeladas ante la propia Corte Suprema. Estos son los poderosos instrumentos que el juez utiliza para fijar los plazos perentorios que luego justifican la contratación directa de las empresas vinculadas con Su Señoría, incluso en obras de carácter estético que no habría inconveniente en licitar y que de ese modo costarían menos de la mitad de lo que se paga por su realización.

Grupo de familia

El 24 de febrero de este año se constituyó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la sociedad “San Martín 264 Bernal SA”, con un capital de 30 mil pesos para realizar actividades inmobiliarias y de construcción. Su presidente es el monotributista Francisco Alberto Groba, el suegro del juez Armella, y una de sus accionistas es su hija Marina Laura Groba Martini, una abogada de 35 años, casada con Armella. Otro socio es el arquitecto Aníbal Carlos Nietzel, tío de Marina Laura. El presidente suplente es el abogado portugués Arturo Rodrigues da Silva. Aunque todos sus accionistas tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, la sociedad anónima cuya denominación es un domicilio de Bernal, se constituyó ante el escribano porteño Mario Gabriel Szmuch, fijó domicilio en Lavalle 1675, 4º 13, de la Capital Federal, y fue inscripta en la Inspección General de Justicia de la Nación. En ese edificio no funciona ninguna empresa con esa denominación. La nómina completa de sus integrantes conduce a la abigarrada trama de firmas que se benefician con la prodigalidad del magistrado. El cuadro que se reproduce en esta página muestra esas relaciones. Rodrigues da Silva preside, es director o socio de las sociedades anónimas Gildin, MyT, Tierras Provinciales y Vial Rogo Constructora, y varios de los accionistas de “San Martín 264 Bernal SA” lo son también de algunas de esas empresas vinculadas: Eduardo Ojea preside MyT, donde su esposa Graciela Susana Beatriz Aparicio es directora suplente. Gilda González es directora de Gildin, Vial Rogo Constructora y Kartonsec; su hermano Diego González es presidente de Vial Rogo y Kartonsec y accionista y vicepresidente de Tierras Provinciales, entre cuyos socios hay otros tres accionistas de “San Martín 264 Bernal SA”: Jorge Alfredo Kyle, Héctor Eduardo Luerchio y Guillermo Eduardo Chiaborelli. Otros tres hermanos González (Lorena, Iván Guido y Romina) y sus padres (Francisco González y Graciela Pizzera) son directivos o socios de Vial Rogo, junto con el ubicuo Rodrigues da Silva. Cuatro de los hermanos González y su madre son los directivos de Kartonsec. De este modo, los tres grupos familiares que junto con Rodrigues da Silva integran “San Martín 264 Bernal SA” (los González, los Ojea-Aparicio y los Armella-Groba, todos de Ranelagh, el barrio residencial de Berazategui, donde Mussi es el hombre fuerte desde hace 25 años) ocupan las principales posiciones en este dibujo de empresas dedicadas a limpiar mucho más que el Riachuelo. Una característica singular de Gildin SA, que también gira con el nombre de fantasía Canteras del Sur, es que extrae tierra y tosca de la cantera Arroyo de las Conchitas, ubicada en la zona urbana de Berazategui. Ese agujero, en un predio de 20 hectáreas, fue mostrado en 2006 por Telenoche, lo cual dio lugar a que la Dirección Provincial de Minería lo clausurara, alegando que había vencido su habilitación. Gildin presentó un recurso de amparo en el juzgado federal de Quilmes. Armella se excusó pero la jueza subrogante Marcela Linares lo concedió y autorizó que la cantera continuara funcionando. Gildin también denunció a los funcionarios provinciales por discriminación: mientras clausuraban su cantera permitían la extracción de tierra en terrenos fiscales. Esto dio lugar a un largo enredo judicial. Aunque la Cámara de Apelaciones de La Plata resolvió que no correspondía la competencia federal, la autorización sigue vigente. Lo que sí hizo Armella fue prohibir el funcionamiento de las canteras que funcionaban en la jurisdicción de Acumar, con lo cual todas las compras de material se derivaron hacia Gildin, que está fuera de la cuenca.

La maroma

Una parte del negocio es la limpieza de las márgenes del río y otra el emplazamiento del camino de sirga. Esta es una antiquísima denominación, originada en la maroma o cuerda gruesa que se usaba para remontar las embarcaciones contra la corriente. Todos los propietarios limítrofes con ríos o canales deben dejar libre para ello un camino público de 35 metros. El 27 de abril de 2011, Armella firmó una resolución notable, en la que luego de fojas de ditirambos al ex presidente Julio Roca y la generación de 1880, una clase dirigente cuyas obras constituyeron “un verdadero legado para las generaciones venideras”, en contraste con “el facilismo de diseñar las obras pensando sólo en el hoy”, requirió a la Acumar bajo apercibimiento de multa diaria sobre el patrimonio propio de los funcionarios “que en un plazo perentorio acompañe un proyecto integrador que contemple todas las obras a desarrollarse”, en forma cabal, precisa y detallada. Nada menos. El 28 de diciembre (Día de los Santos Inocentes) dio un plazo de 45 días, hasta el 15 de febrero de este año, para que la Acumar, en coordinación con los municipios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús y Lomas presentaran un proyecto integrador con todas las obras de infraestructura sobre los taludes ribereños en los plazos y que realizara las licitaciones en los plazos “más cortos posibles, sin excusa alguna”. Al día siguiente rechazó el proyecto que Acumar había presentado ante su requerimiento roquista de abril, por considerar su información “pobre, deficiente y en algunos casos incoherente” y también le concedió todo enero y medio febrero para presentar un nuevo proyecto. En febrero Acumar firmó un convenio con Ceamse para comenzar la recomposición de taludes, rellenando las márgenes con tosca. Ceamse contrató las obras con Canteras del Sur y MyT, que iniciaron la recomposición de 50 metros de talud por 4,6 millones de pesos, cuando el precio de mercado no pasaba de 2,8 millones. En junio se firmó un convenio similar, para recomponer 200 metros de talud por 12 millones. La provisión de la tosca, el transporte, las maquinarias, las chapas para contener el talud, están armados para las empresas del grupo familiar, sin tomar en cuenta que la pavimentación del camino de sirga licitada por Avellaneda, Lanús y Lomas, ya incluía la recomposición de taludes. Por las dudas, el 12 de julio, Armella pidió a todos los intendentes de la cuenca que volvieran a relevar la existencia de canteras clandestinas, que el policía amigo que hizo designar en Acumar notificara a sus colegas de las comisarías para que controlaran que no fueran reabiertas las ya clausuradas y reiteró la prohibición de abrir nuevas en la cuenca, en una medida más propia del verdadero Roca y sus hermanos Goyo y Ataliva, abastecedores del Ejército, que del idealizado en sus resoluciones. El 13 de julio pidió que se elaborara una vez más el proyecto del camino de sirga y detalló: parquización, liberación de márgenes, construcción de caminos, taludes, cruces viales. En forma expresa dispuso que lo coordinara la Secretaría de Planificación de Acumar, a cargo de Carlos Balor y donde Armella tiene operadores de entera confianza (ver “Porque es un buen compañero”). Como los municipios ya licitaron y están construyendo el camino y realizando la forestación, es obvio el interés del magistrado en los taludes, que se rellenan con tosca de la única cantera permitida. En este momento está en ejecución el primer tramo del proyecto y en el trámite administrativo previo el segundo. Los quince tramos del proyecto total que está elaborando la Secretaría de Planificación superarán los 100 millones de pesos.

El IVA olvidado

El 16 de mayo, Armella intimó a la Acumar y al Ceamse a que en el plazo perentorio de diez días le informaran cuándo comenzarían las obras de limpieza de márgenes del río denominadas Tramo 2,a.primera etapa, en el espacio comprendido entre el puente transbordador y el taller de reparación de grúas. Dos días después Acumar derivó la notificación al Ceamse (que estaba realizando la rectificación de márgenes), que a su vez adjudicó la obra a MyT, por un monto de 9,2 millones de pesos más IVA. Pero a precios de mercado los trabajos presupuestados no cuestan más de 4 millones, con IVA incluido. El mismo 16 de mayo, el juez notificó a la Acumar y al municipio de Lomas de Zamora que en los consabidos diez días debían presentar un proyecto con las acciones de infraestructura en las defensas de cemento con reja superior conocidas como New Jersey, en el sector de la costa ribereña de Lomas, donde fue desalojada la feria “La Saladita”, y en el predio elegido para relocalizar a los feriantes. Dos semanas después Acumar y el municipio firmaron los respectivos convenios. La instalación del New Jersey en el viejo emplazamiento saldrá 10,8 millones de pesos (con un anticipo de 3,2 millones) y el relleno del nuevo predio, 12,9 millones de pesos. Esta es sólo la primera etapa del proyecto total planificado para el predio, que insumirá 150 millones de pesos. Los tractores que realizan la obra pertenecen a MyT cuya contratación fue sugerida al municipio por el juzgado y los presupuestos duplican el precio de mercado. Aún así, el grupo de familia no está conforme con los precios que fijó Lomas de Zamora. Armella solicitó al municipio y a la autoridad de cuenca que realizaran una adenda al convenio, que subirá los precios. Su realización corre una vez más por cuenta de la Secretaría de Planificación de Acumar. El argumento será que por error Lomas omitió calcular el IVA.